Mediante carta enviada a diversos medios de comunicación, SEPADE ha manifestado su acuerdo con los fundamentos de la reforma educacional en marcha, a la vez que su preocupación por algunos aspectos del proyecto que se debate actualmente, que podrían afectar negativamente la capacidad de gestión de los sostenedores particulares sin fines de lucro. El siguiente es el texto completo de la carta:

imagesZEE4MY53Somos una Corporación privada sin fines de lucro con 22 años de experiencia en la administración de establecimientos educacionales subvencionados gratuitos, orientados hacia la población con mayor vulnerabilidad. Nuestra experiencia nos permite afirmar que si bien el sistema de provisión mixta de educación ha contribuido notablemente a resolver los problemas de cobertura de la enseñanza básica y media que tenía nuestro país, las reglas bajo las cuales opera actualmente no le permitirán responder al desafío mucho más complejo que representa una educación de calidad para todos y todas sus estudiantes, independientemente del capital social que han recibido de sus familias.

En efecto, está fehacientemente demostrado que aunque casi la totalidad de los niños y niñas que nacen en Chile tienen asegurado su acceso a la escuela, ello no está contribuyendo significativamente a reducir las abismantes diferencias sociales y culturales que caracterizan a nuestra sociedad. El alto grado de segregación social de nuestro sistema escolar, al que se ha llegado entre otras cosas por prácticas como la selección de estudiantes y el copago, ha convertido a la escuela en una institución que reproduce las diferencias existentes desde la cuna. Reconociendo excepciones notables, lo que en Chile IMG_2208llamamos “colegios de excelencia”, son en realidad “colegios de selección”; y la libertad de elegir que defendemos con tanta pasión, es la libertad de los sostenedores educacionales para escoger a los/las estudiantes que están dispuestos a educar.

Es por ello que creemos que la reforma educacional propuesta por el actual Gobierno no responde solamente a las demandas expresadas en las movilizaciones estudiantiles de los últimos años, sino a un diagnóstico serio de las falencias de nuestro sistema educacional, refrendado por numerosos estudios de especialistas. Considerando que las entidades jurídicas sin fines de lucro existen precisamente para que los ciudadanos y ciudadanas puedan asociarse con la finalidad de contribuir al bien público, nos parece apropiado que se haga exigible ese tipo figura jurídica para garantizar la vocación primariamente educacional de los sostenedores educacionales privados.

Dicho lo anterior, nos preocupa que algunas de las medidas contenidas en el proyecto original del Gobierno, así como el rechazo en la Cámara de Diputados de algunas de las indicaciones efectuadas posteriormente (lo que revela que todavía se está legislando bajo el supuesto de un sostenedor privado motivado exclusivamente por el lucro), podrían terminar afectando innecesariamente la capacidad de gestión de los imagesXH0GX6UKsostenedores particulares sin fines de lucro. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, impedir que un sostenedor utilice el superávit de un colegio urbano con mayor matrícula, para cubrir el déficit de un colegio rural con menor matrícula? ¿Qué sentido tiene prohibir el arriendo entre dos entidades sin fines de lucro, si éste es el resultado de la necesidad de adecuarse a la nueva exigencia de giro único que estableció la LGE 2009 (el ingreso por arriendo puede ser la forma en que la entidad madre sirve el crédito con que financió el edificio escolar)? En el caso de la educación técnico profesional, ¿cómo innovar en la generación de escenarios reales para el aprendizaje de especialidades, si el sostenedor tiene giro único, y no puede establecer convenios con entidades relacionadas?

La continuidad de un sistema mixto de provisión de educación financiada por el Estado, tendrá sentido únicamente si se valora socialmente la contribución que la sociedad civil organizada puede hacer, desde inspiraciones religiosas, filosóficas y socio-políticas específicas, al tan necesario mejoramiento de la calidad de la educación. Por otra parte, el necesario control público y ciudadano del uso de los recursos fiscales y de la calidad de la oferta educacional, tanto de sostenedores públicos como privados, se logrará mucho mejor con adecuados sistemas de rendición de cuentas y de supervisión pedagógica, que rigidizando en exceso las barreras de entrada al sistema.

Gabriel Guerrero O. Presidente                       Daniel Farfán P.  Director Ejecutivo

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